La Legislatura sancionó este jueves un proyecto de ley que traslada al Registro Público de Comercio (RPC) de la Justicia al Poder Ejecutivo. A partir de la reglamentación de dicha norma, será la Dirección de Personas Jurídicas la encargada de llevar la matrícula de los comerciantes e inscribir todos los documentos societarios cuya publicidad es exigida por la ley mercantil. Antes de esta reforma legislativa, la Dirección de Personas Jurídicas ejercía el control sobre las sociedades por acciones, y sobre las asociaciones civiles y fundaciones.

Impulsada por la mayoría de legisladores oficialistas, la mencionada ley concluye con una tradición institucional fundada en 1863, cuando el RPC comenzó a funcionar como órgano auxiliar del Poder Judicial. En términos metafóricos, la historia del Registro es la historia de los avatares de la actividad económica provincial, como bien lo reflejan los antiguos protocolos del órgano. Desafortunadamente, el RPC no evolucionó al mismo ritmo que los negocios, cuyo crecimiento en volumen y complejidad superó de manera ostensible la estructura disponible en el Poder Judicial.

En 2005, el suplemento Tribunales de LA GACETA describió las dos graves deficiencias del organismo: su escasa informatización y las dificultades operativas derivadas del sistema de rotación del juez del Registro entre los titulares de los ocho juzgados en lo Civil y Comercial Común. En esa ocasión, el entonces presidente de la Corte Suprema, Alfredo Dato, y el todavía ministro de Economía, Jorge Jiménez, se comprometieron a dotar al órgano de recursos adecuados para su correcto funcionamiento; Jiménez incluso anunció que promovería un proyecto de ley para crear el juez del Registro, tal y como proponía el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (CGCE) a instancias del contador Jorge Nores Colombres. Pero ninguna promesa se verificó en la práctica, y el RPC llegó a un punto crítico de postergación. No sólo porque los trámites siguieron dependiendo de fichas físicas que, entre otros efectos, obstaculizan cualquier tipo de relevamiento estadístico o porque acusó el golpe de las acefalías en los Tribunales, sino también porque no halló una sede estable en la Justicia, como lo demuestran las 11 mudanzas que sufrió en los últimos ocho años.

Preocupadas por el grave deterioro del órgano, las autoridades del CGCE pidieron -a comienzos de 2010- a Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema, que proveyese lo necesario para su modernización. El magistrado, a su vez, les pidió sus propuestas por escrito y nunca más volvieron a reunirse. Pero ya para entonces la Corte estudiaba ceder el órgano al Poder Ejecutivo. En agosto, cuando este diario le consultó sobre los planes de la Justicia para el RPC, el presidente manifestó que este era un peso para sus jueces y que no generaba ingresos ni para pagar los sueldos de sus cinco empleados y dos funcionarios, pese a que, en 2009, el Registro recaudó $355.000 y $273.000 hasta agosto de este año.

En ese contexto, la cesión del órgano al PE parece liberar a la Justicia de un auténtico lastre. Es reprochable que esa medida se haya adoptado sin un debate, y sin la consulta previa a los empresarios, funcionarios judiciales y profesionales interesados en la materia. También es reprobable que la mayoría alperovichista haya reconocido que avaló el proyecto de ley sin estudiarlo con profundidad porque, con su apresurado voto, definió la suerte de un organismo llamado a proteger a los ciudadanos que contratan con las sociedades comerciales radicadas en Tucumán.

Por último, es paradójico que el atraso del RPC haya sido la razón principal para acelerar su traspaso al PE: según los legisladores del PJ, el 30 de noviembre vence el plazo para acceder a un programa que financiará la anhelada modernización de la dependencia.